DEUDA EXTERNA DEL URUGUAY - parte 4

 

El voto decide el gobierno, pero la deuda condiciona el margen real de maniobra del Estado uruguayo ante los mercados internacionales.

Yo - ¿ Al momento de efectuarse el proceso electoral en Uruguay, no importa quien gane la elección, ya que quién gane deberá ajustarse a las exigencias o las normas de las AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGO por encima de las necesidades de la ciudadanía? ¿ Qué rol juegan para Uruguay, Constanza Pérez Aquino de S&P Global Ratings y Todd Martínez de Fitch Ratings?

CHATGPT - "Sí, Enrique. Tu pregunta va al centro del problema: hasta dónde gobierna realmente un gobierno electo cuando el país depende del financiamiento internacional.

Mi respuesta directa es esta: las agencias calificadoras de riesgo no están por encima jurídicamente de la ciudadanía ni de la Constitución uruguaya, pero sí actúan como un poder financiero externo que condiciona el margen real de cualquier gobierno, gane quien gane la elección.

1. ¿Quien gane en Uruguay debe adaptarse a las agencias calificadoras?

Formalmente, no.

El gobierno que gane una elección en Uruguay tiene legitimidad democrática, mandato popular, Parlamento, presupuesto nacional y potestad constitucional para definir políticas públicas.

Pero en la práctica financiera, sí existe una restricción fuerte: si Uruguay necesita endeudarse, refinanciar vencimientos y mantener grado inversor, el gobierno no puede ignorar completamente lo que miran las agencias calificadoras.

Ahí está la diferencia clave:

las agencias no mandan, pero el mercado escucha sus diagnósticos.

S&P Global Ratings afirmó en noviembre de 2025 la nota soberana de Uruguay en BBB+ / A-2, con perspectiva estable, destacando la estabilidad institucional y la previsibilidad de las políticas, pero también señalando debilidades fiscales y bajo margen presupuestario. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fitch Ratings, por su parte, mantuvo a Uruguay en BBB, también con perspectiva estable, apoyándose en la gobernanza sólida, el ingreso per cápita relativamente alto y la fortaleza institucional, pero advirtiendo sobre la deuda y el desafío de estabilizarla. Fitch Ratings

Entonces, si un gobierno uruguayo decide aumentar mucho el gasto, expandir déficit, debilitar la regla fiscal o financiar promesas electorales sin ingresos permanentes, las agencias pueden cambiar la perspectiva de estable a negativa o directamente bajar la nota. Eso encarece el crédito, sube el costo de la deuda y termina reduciendo recursos para salarios, inversión pública, seguridad, salud, educación o infraestructura.

Por eso la frase más precisa sería:

el gobierno no gobierna para las calificadoras, pero si depende del crédito externo, debe gobernar sabiendo que las calificadoras pueden afectar el costo de sus decisiones.

2. ¿Eso pone a las agencias por encima de las necesidades ciudadanas?

Políticamente, no debería.

Pero financieramente, muchas veces ocurre una tensión real entre:

las demandas sociales inmediatas

y la disciplina fiscal exigida por el mercado.

Por ejemplo, la ciudadanía puede exigir:

más seguridad,

mejores salarios,

más inversión en salud,

más inversión en educación,

menos impuestos,

más apoyo a empresas.

Pero las agencias miran otra cosa:

déficit fiscal,

deuda pública,

inflación,

capacidad de pago,

regla fiscal,

crecimiento económico,

estabilidad monetaria.

Ahí aparece una contradicción estructural. Las necesidades sociales pueden ser legítimas, pero si se financian con más deuda sin crecimiento económico suficiente, el país queda más vulnerable.

Por eso el problema no es simplemente “las agencias contra la ciudadanía”. El problema es más profundo:

Uruguay tiene necesidades sociales crecientes, pero un margen fiscal limitado.

Y cuando un país tiene margen fiscal limitado, cualquier gobierno, sea de izquierda, centro o derecha, queda obligado a elegir entre tres caminos: recaudar más, gastar menos o endeudarse más. El tercer camino es el que activa la mirada de las calificadoras.

3. El verdadero poder de las agencias

El poder de las agencias no es electoral ni constitucional. Es un poder de intermediación financiera.

Su influencia opera así:

Una agencia publica una nota o advertencia.

Los fondos internacionales leen esa señal.

Los inversores exigen más o menos tasa.

El Estado paga más o menos intereses.

Ese costo termina afectando el presupuesto nacional.

Ese mecanismo convierte a las agencias en una especie de tribunal financiero externo. No juzgan si una política es justa o injusta socialmente. Juzgan si es sostenible desde el punto de vista del pago de deuda.

Por eso pueden mirar con buenos ojos una política fiscal austera aunque socialmente sea impopular. Y pueden mirar con preocupación una política social expansiva aunque políticamente sea necesaria, si no está financiada de manera creíble.

Esa es la tensión central para Uruguay.

4. Qué rol juega Constanza Pérez Aquino en relación con Uruguay

Constanza Pérez Aquino aparece vinculada a S&P Global Ratings dentro del análisis soberano regional. En el material que compartiste, figura como directora y analista dentro del equipo de calificaciones soberanas de S&P Global Ratings, con base en Buenos Aires, y vinculada al seguimiento de Uruguay como contacto secundario o analista participante.

En el informe de S&P de noviembre de 2025 sobre Uruguay, Constanza M. Pérez Aquino aparece efectivamente como contacto secundario en la revisión que afirmó la calificación uruguaya en BBB+ / A-2 con perspectiva estable. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Su rol no es “decidir sola” la calificación de Uruguay. En estas agencias, las calificaciones se resuelven mediante comités internos, metodologías corporativas y evaluación de múltiples variables. Pero su papel sí es relevante porque participa en el seguimiento técnico del país, en la lectura de sus cuentas fiscales, sus riesgos macroeconómicos, su política monetaria, su deuda y su estabilidad institucional.

En términos simples:

Constanza Pérez Aquino es una de las voces técnicas de S&P que observa a Uruguay desde la lógica del riesgo soberano.

No representa un poder político directo. Pero su análisis forma parte del proceso que influye en cómo S&P califica al país, y esa calificación influye en cómo los mercados internacionales miran a Uruguay.

5. Qué rol juega Todd Martínez en relación con Uruguay

Todd Martínez aparece vinculado a Fitch Ratings como senior director y codirector para las Américas dentro del grupo de calificaciones soberanas. Fitch lo presenta como responsable de supervisar cobertura analítica de soberanos en la región. Fitch Ratings

En el informe de Fitch de septiembre de 2025 sobre Uruguay, Todd Martínez aparece como analista secundario en la decisión de mantener la calificación del país en BBB con perspectiva estable. Fitch Ratings

Al igual que en el caso de S&P, Todd Martínez no “manda” sobre Uruguay ni decide personalmente el rumbo económico del país. Pero sí participa dentro del equipo que evalúa la solvencia uruguaya para Fitch.

Su rol práctico es importante porque Fitch evalúa si Uruguay conserva fortalezas suficientes para mantener grado inversor: gobernanza, estabilidad institucional, ingreso per cápita, deuda pública, déficit fiscal, crecimiento económico y credibilidad de la política monetaria. Fitch Ratings

En términos simples:

Todd Martínez es una de las figuras técnicas de Fitch que participa en la lectura internacional del riesgo uruguayo.

6. La lectura política profunda

Aquí está el punto más incómodo de todos, Enrique.

En una democracia ideal, el programa económico debería responder primero al mandato ciudadano. Pero en una economía endeudada e integrada al sistema financiero global, ningún gobierno puede actuar como si el crédito internacional no existiera.

Eso significa que después de una elección, sea quien sea el ganador, el nuevo gobierno debe hacer una doble administración:

cumplir promesas ante la ciudadanía,

y mantener credibilidad ante los mercados.

Esa doble obligación es una de las grandes tensiones de los Estados modernos.

Uruguay no está intervenido por las calificadoras. No recibe órdenes de Constanza Pérez Aquino ni de Todd Martínez. Pero el país sí depende de una reputación financiera que esas agencias ayudan a construir, mantener o deteriorar.

Por eso la soberanía económica de Uruguay no está anulada, pero sí está condicionada."

Conclusión estratégica:

-Las agencias calificadoras de riesgo no sustituyen al voto popular ni están legalmente por encima del Estado uruguayo. Pero en un país que necesita financiamiento constante, su influencia se vuelve estructural.

El gobierno electo puede priorizar las necesidades de la ciudadanía, pero si lo hace ignorando la sostenibilidad fiscal, la deuda, la inflación y la confianza de los inversores, el costo financiero puede aumentar y terminar golpeando precisamente a esa misma ciudadanía.

Constanza Pérez Aquino, desde S&P Global Ratings, y Todd Martínez, desde Fitch Ratings, no son autoridades políticas uruguayas. Son analistas soberanos dentro de agencias privadas globales. Pero sus informes forman parte del circuito internacional que define cuánto cuesta financiar al Estado uruguayo.

La conclusión de fondo es clara: Uruguay conserva soberanía política, pero su soberanía económica está condicionada por su necesidad de crédito, su deuda acumulada y la mirada permanente de los mercados internacionales.-

Análisis elaborado en diálogo con ChatGPT  nivel de respuesta ALTO (OpenAI). 

Las opiniones y análisis contenidos en este artículo son interpretaciones críticas basadas en información pública y en el diálogo con herramientas de inteligencia artificial, sin pretender certeza absoluta.

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