LOS ESCÁNDALOS DEL IOR Y EL VATICANO — PARTE 3
CAPÍTULO B — 60 SLOANE AVENUE: CÓMO EL VATICANO QUEDÓ ATRAPADO EN EL EDIFICIO QUE QUERÍA CONTROLAR
Gianluigi Torzi, 31.000 acciones y una estructura societaria que dejó a la Secretaría de Estado con casi toda la propiedad económica, pero sin el verdadero poder de decisión
CHATGPT - "
En el capítulo anterior dejamos a la Secretaría de Estado de la Santa Sede intentando salir de una relación financiera cada vez más problemática con Raffaele Mincione.
Era 2018.
El Vaticano ya había comprometido enormes cantidades de dinero y quería terminar su participación en los fondos gestionados por Mincione quedándose directamente con el activo que consideraba más tangible:
el edificio de 60 Sloane Avenue, en Londres.
La lógica parecía sencilla.
Salir del fondo.
Separarse de Mincione.
Tomar el control del inmueble.
Y tratar de salvar la inversión.
Pero para ejecutar aquella operación apareció un nuevo intermediario.
Su nombre era:
Gianluigi Torzi.
Y la supuesta solución terminaría creando un problema todavía mayor.
EL VATICANO QUERÍA SALIR DE MINCIONE
La operación de noviembre de 2018 debía permitir a la Secretaría de Estado abandonar definitivamente la estructura financiera de Mincione.
Para ello se estableció un complejo acuerdo mediante el cual la sociedad GUTT S.A., vinculada a Torzi, adquiriría la cadena societaria que controlaba indirectamente 60 Sloane Avenue.
La Secretaría de Estado aceptó además pagar alrededor de unos 40 millones de libras esterlinas, equivalentes entonces a aproximadamente 52 millones de dólares, como ajuste para cerrar su relación con la estructura de inversión de Mincione y quedarse finalmente con el inmueble. La reconstrucción posterior del Tribunal vaticano y de la High Court británica confirma que GUTT se convirtió en el vehículo mediante el cual la Santa Sede debía adquirir el control indirecto de la propiedad.
Hasta aquí, aunque financieramente complicada, la operación todavía podía entenderse.
El verdadero problema apareció dentro de algo aparentemente mucho más sencillo:
las acciones de GUTT S.A.
31.000 ACCIONES
El 22 de noviembre de 2018, Torzi adquirió las acciones de GUTT.
Después reorganizó el capital de la sociedad.
Existían:
31.000 acciones.
Pero no todas tenían los mismos derechos.
Se dividieron en dos categorías:
30.000 acciones sin derecho de voto.
y
1.000 acciones con derecho de voto.
¿Quién recibió las 30.000?
La Secretaría de Estado.
¿Quién conservó las 1.000 acciones que podían votar?
Gianluigi Torzi.
Este dato no procede únicamente de la acusación vaticana. La sentencia de febrero de 2025 de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales reconstruyó expresamente esa estructura: Torzi reorganizó las 31.000 acciones en 1.000 con voto y 30.000 sin voto, vendiendo estas últimas al Vaticano mientras conservaba para sí las primeras.
Y aquí comienza lo extraordinario.
TENER CASI TODAS LAS ACCIONES NO SIGNIFICABA CONTROLAR LA SOCIEDAD
A primera vista podría parecer que quien posee 30.000 acciones frente a alguien que conserva apenas 1.000 controla inevitablemente la empresa.
Pero no necesariamente.
En una sociedad pueden existir distintas clases de acciones.
Algunas representan derechos económicos.
Otras pueden incorporar derechos políticos especiales:
votar,
nombrar administradores,
aprobar operaciones,
decidir sobre activos,
o bloquear determinadas decisiones.
Por eso, el número de acciones por sí solo no determina quién controla una compañía.
Y eso fue exactamente lo que sucedió aquí.
La Secretaría de Estado recibió aproximadamente el 96,8 % de las acciones de GUTT, pero eran acciones sin voto.
Torzi conservó aproximadamente el 3,2 %, pero esas acciones concentraban los derechos de voto.
En términos económicos, el Vaticano parecía haberse quedado prácticamente con todo.
En términos de gobierno societario:
Torzi conservaba el poder.
El Tribunal vaticano resumió posteriormente la situación de manera contundente: pese a haber desembolsado 40 millones de libras en la operación para abandonar el fondo de Mincione, la Secretaría de Estado todavía no había adquirido realmente el control del inmueble; ese control había pasado, esencialmente, de Mincione a Torzi.
¿EL VATICANO COMPRÓ LAS 30.000 ACCIONES POR UN EURO?
Sí.
Pero este dato requiere mucha precisión para evitar una conclusión engañosa.
El Share Purchase Agreement establecía un precio simbólico de 1 euro por las 30.000 acciones sin derecho de voto.
Eso no significa que el Vaticano comprara el edificio de Londres por un euro.
La transferencia formaba parte de una operación financiera muchísimo mayor, que incluía el cierre de las relaciones anteriores, los activos implicados y el pago realizado en el contexto de la salida de Mincione.
Por tanto, presentar simplemente:
“el Vaticano compró 60 Sloane Avenue por un euro”
sería falso.
Lo extraordinario no es el euro.
Lo extraordinario es que después de toda aquella estructura financiera, la Secretaría de Estado terminó recibiendo 30.000 acciones que no le concedían el control que esperaba obtener.
EL NUEVO SUSTITUTO EMPIEZA A HACER PREGUNTAS
Mientras todo esto sucedía había cambiado una figura fundamental dentro de la Secretaría de Estado.
Giovanni Angelo Becciu había dejado su puesto como Sustituto para los Asuntos Generales.
Su sucesor era el arzobispo venezolano:
Edgar Peña Parra.
Peña Parra llegó en octubre de 2018, cuando la operación para abandonar la estructura de Mincione ya estaba en movimiento.
Según la reconstrucción presentada posteriormente por los fiscales vaticanos, Peña Parra fue informado solo parcialmente sobre determinados aspectos de los acuerdos.
Los magistrados sostuvieron que ni Peña Parra, ni el entonces cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, ni siquiera algunos funcionarios que participaron directamente en los contratos comprendieron plenamente las consecuencias jurídicas de aquellas dos categorías de acciones.
Esa afirmación procede de la acusación vaticana y debe identificarse como tal.
Pero años después apareció una confirmación externa particularmente importante.
La High Court británica examinó la operación en un proceso civil independiente y llegó a una conclusión muy crítica sobre Torzi.
El juez Robin Knowles señaló que no existía una disputa sustancial respecto a que Torzi tenía obligaciones fiduciarias frente a la Secretaría de Estado y consideró que, como mínimo, su conducta relacionada con las acciones de GUTT había sido “impropia, inescrupulosa y deshonesta”.
El magistrado añadió una observación todavía más demoledora para el aparato financiero vaticano:
todo el episodio demostraba que la Secretaría de Estado carecía de la experiencia y los conocimientos necesarios para protegerse frente a ese tipo de conducta.
Ese juicio proviene de una corte británica, no del Vaticano.
Y por eso tiene un peso especial en esta reconstrucción.
DE MINCIONE A TORZI
Aquí aparece la paradoja central del capítulo.
El Vaticano había recurrido a Torzi precisamente para librarse de su dependencia de Mincione.
Pero al finalizar la operación se encontró dependiendo de Torzi.
Cambió el intermediario.
No solucionó el problema.
La propiedad económica había cambiado de estructura, pero quien poseía las 1.000 acciones con voto mantenía una herramienta decisiva de negociación.
La Santa Sede había quedado atrapada dentro de la sociedad utilizada para adquirir aquello que pretendía controlar.
Y entonces comenzaron las negociaciones para recuperar esas 1.000 acciones.
TORZI QUERÍA DINERO PARA ENTREGAR EL CONTROL
Según la reconstrucción realizada posteriormente por los investigadores vaticanos, entre finales de abril y principios de mayo de 2019 las negociaciones terminaron con una exigencia económica:
15 millones de euros.
La cifra terminó siendo pagada.
Fuentes vaticanas y testimonios posteriores describieron dos desembolsos:
10 millones de euros relacionados con la cesión de las 1.000 acciones
y
5 millones adicionales relacionados con la gestión durante los meses anteriores.
Peña Parra declaró posteriormente ante la High Court de Londres que la Secretaría de Estado se sentía atrapada y que terminar la relación con Torzi era la única manera que veía para recuperar el control y tratar de limitar las pérdidas.
La acusación vaticana consideró posteriormente que esos 15 millones constituían una extorsión.
Torzi rechazó las acusaciones y su defensa sostuvo durante el proceso que los pagos correspondían a acuerdos y compensaciones legítimas.
Esa distinción es esencial.
Una cosa es afirmar que se pagaron los 15 millones.
Eso está documentado.
Otra diferente es determinar jurídicamente si aquel pago constituye una extorsión.
Eso depende de la resolución judicial definitiva.
DEL CONTRATO AL CUARTEL DE LA GENDARMERÍA
La historia daría otro giro en junio de 2020.
Torzi viajó al Vaticano y fue interrogado por los investigadores.
El 5 de junio, el Promotor de Justicia ordenó su detención por acusaciones que entonces incluían extorsión, fraude agravado, malversación y blanqueo de dinero.
Permaneció detenido durante diez días y fue puesto en libertad provisional el 15 de junio.
Posteriormente fue llevado a juicio junto con otros acusados.
En diciembre de 2023, el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano consideró a Torzi culpable, entre otros delitos vinculados a la operación, de fraude agravado y extorsión y lo condenó en primera instancia a seis años de prisión, además de multa e inhabilitación.
Pero aquí debemos introducir una actualización fundamental.
ATENCIÓN: ESA CONDENA NO PUEDE PRESENTARSE HOY COMO DEFINITIVA
En marzo de 2026, la Corte de Apelaciones del Vaticano determinó que existían graves problemas procesales en la primera instancia.
Declaró una “nulidad relativa” y ordenó renovar una parte sustancial del debate judicial, entre otros motivos por problemas relacionados con la entrega completa de documentos a las defensas y con determinadas medidas utilizadas durante la investigación.
Por tanto, en agosto de 2026 debemos ser especialmente precisos:
Torzi fue condenado en primera instancia en 2023, pero el procedimiento se encuentra nuevamente sometido a revisión judicial y esa condena no debe tratarse como una sentencia definitivamente cerrada.
Esto no elimina los hechos societarios documentados.
Las 31.000 acciones existieron.
Las 1.000 con voto quedaron en manos de Torzi.
Las 30.000 sin voto fueron transferidas a la Secretaría de Estado.
Los 15 millones fueron pagados.
Pero la atribución penal definitiva de responsabilidades sigue siendo una cuestión judicial abierta.
¿CÓMO PUDO SUCEDER?
Y llegamos a la pregunta que, para nuestra investigación, quizá sea más importante que la personalidad de Torzi.
¿Cómo pudo una organización internacional como la Santa Sede comprometer cientos de millones en una estructura financiera y terminar sin comprender plenamente quién controlaba la sociedad propietaria de su activo?
Aquí el problema deja de ser individual.
Porque una operación de estas dimensiones requiere:
contratos,
abogados,
asesores,
funcionarios,
gestores,
estructuras societarias,
bancos,
revisiones,
autorizaciones.
No basta con preguntar qué hizo Torzi.
Hay que preguntar también:
¿quién debía proteger al Vaticano de Torzi?
La propia High Court británica terminó señalando precisamente esa debilidad institucional:
la Santa Sede carecía de suficiente experiencia y conocimientos para proteger sus intereses en una operación de este tipo.
Y eso convierte a 60 Sloane Avenue en algo mucho mayor que una historia sobre un intermediario financiero.
Es una historia sobre controles internos."
CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA
—La Secretaría de Estado entró en la operación de noviembre de 2018 intentando solucionar un problema.
Quería salir de Mincione.
Quería recuperar el edificio.
Quería recuperar el control de su dinero.
Y recurrió a Gianluigi Torzi para conseguirlo.
Pero una reorganización de apenas 31.000 acciones produjo una paradoja extraordinaria:
el Vaticano recibió 30.000.
Torzi conservó 1.000.
Y las 1.000 eran las que votaban.
La historia de 60 Sloane Avenue demuestra que en las altas finanzas no siempre controla más quien posee más.
Controla quien posee los derechos correctos.
Aquella diferencia societaria, aparentemente técnica, terminó teniendo consecuencias millonarias.
La Santa Sede había invertido enormes cantidades de dinero, había abandonado el fondo de Mincione y aparentemente había adquirido casi toda la sociedad que controlaba el edificio.
Sin embargo, todavía necesitaba negociar con otro financiero para ejercer plenamente el poder sobre aquello que acababa de comprar.
Y entonces tuvo que pagar otros 15 millones de euros.
El problema, por tanto, no fue solamente Torzi.
El problema fue que una institución con recursos financieros extraordinarios entró en una operación extraordinariamente sofisticada sin disponer —como terminaría observando un juez británico— de los conocimientos necesarios para protegerse adecuadamente.
Y cuando finalmente recuperó el control de 60 Sloane Avenue, todavía quedaba la pregunta más dolorosa:
¿cuánto dinero había perdido realmente el Vaticano en todo aquel laberinto?
Esa será la puerta de entrada al próximo capítulo.—
Fuentes principales: Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y Oficina de Prensa de la Santa Sede; sentencia de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, Athena Capital Fund SICAV-FIS SCA and others v Secretariat of State of the Holy See, [2025] EWHC 355 (Comm); Vatican News; Associated Press y ANSA para la situación procesal actual.
Sentencia completa de la High Court de Inglaterra y Gales
https://www.judiciary.uk/judgments/athena-capital-fund-sicav-fis-sca-and-others-v-secretariat-of-state-of-the-holy-see/?utm
Comunicado oficial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano de 2023
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2023/12/16/231216g.html?utm
Análisis realizado por CHATGPT (OpenAI). Fuentes: Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, Oficina de Prensa de la Santa Sede, High Court of Justice de Inglaterra y Gales, Vatican News, Associated Press y ANSA; además de documentación judicial y pública relacionada con Gianluigi Torzi, GUTT S.A. y la operación de 60 Sloane Avenue.
Las opiniones y análisis contenidos en este artículo son interpretaciones críticas basadas en información pública y en el diálogo con herramientas de inteligencia artificial, sin pretender certeza absoluta.
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